“Oficiales del gobierno (de Puerto Rico) han advertido que ante el disloque en los recaudos por impuestos como secuela del huracán María podría forzar al gobierno a cesar operaciones
“Oficiales del gobierno (de Puerto Rico) han advertido que ante el disloque en los recaudos por impuestos como secuela del huracán María podría forzar al gobierno a cesar operaciones" a fin de este mes, reza un reporte de Moody’s. (Archivo / GFR Media)

Hace dos años, los diversos grupos de acreedores que poseen la deuda pública de Puerto Rico se retiraron de la mesa de negociación, alegando que la oferta que les hacía la administración de Alejandro García Padilla, y que rondaba un pago anual de $1,800 millones, era inaceptable.

Hace seis meses, los acreedores tronaron contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuando el organismo federal les ofreció un pago anual promedio de $800 millones por la próxima década.

Ahora, tras la devastación causada por el huracán María el pasado 20 de septiembre, es altamente probable que los acreedores ni siquiera recuperen lo que antes rechazaron.

Eso, en esencia, es lo que significa la acción crediticia de Moody’s Investors Service, firma que ayer empujó a la categoría de impago a la mayor parte de la deuda pública.

“Oficiales del gobierno (de Puerto Rico) han advertido que ante el disloque en los recaudos por impuestos como secuela del huracán María podría forzar al gobierno a cesar operaciones tan pronto como a fin de este mes”, reza un reporte suscrito por Ted Hampton, vicepresidente senior de Moody’s y otros analistas de la firma.

La decisión de la casa acreditadora incide sobre unos $31,000 millones en deuda pública de Puerto Rico emitida a través de diversas entidades. Entre estas, la deuda constitucional o garantizada por el gobierno central, los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), muchos en manos de retirados que residen en la isla, al igual que los bonos de las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Carreteras y Transportación (ACT). Incluso, la deuda emitida por la Agencia de Financiamiento Municipal (MFA, en inglés) y la Universidad de Puerto Rico fueron degradadas.

En el mundo de Moody’s, los créditos que antes se ubicaban en la clasificación Caa3, ahora son consideradas Ca y aquellos, clasificados como Ca ahora se ubican en el escalafón C. Las notas que Moody’s ha dado a Puerto Rico hacen referencia a un gobierno que no puede cumplir con su obligación crediticia. Estas, sin embargo, varían en torno a lo que podrán recuperar los bonistas de cada dólar que prestaron al gobierno.

Colapsa el Índice de Bonos de Puerto Rico

En el caso de la clasificación Ca, los bonistas -entre ellos, los dueños de la deuda constitucional y Cofina- podrían recuperar entre 35 y 65 centavos de cada dólar prestado a Puerto Rico. Los bonos en la clasificación C -entre estos, la deuda emitida por los municipios y la UPR- podrían recuperar menos de 35 centavos de cada dólar que se prestó.

“Las clasificaciones más bajas se alinean con nuestros estimados acerca de la capacidad reducida que tiene Puerto Rico para servir la deuda dado los extensos daños del huracán María”, reza el reporte de Moody’s.

En cierto modo, el mercado ya refleja el colapso de la deuda de Puerto Rico. El Índice de Bonos de Puerto Rico que publica Standard & Poor’s y Dow Jones ha caído 12% desde el pasado 18 de septiembre, colocando al indicador en ruta al desempeño adverso que experimentaron los bonos de la isla en el 2013.

Hasta ahora, el proceso judicial que se había provisto a través de la ley federal PROMESA, abría la puerta para disputar los números de la JSF, los que abogaban por un recorte de 80% en el servicio a la deuda de la isla.

Pero tras el paso del huracán María, cualquier esfuerzo de renegociación de la deuda implicará partir de cero, según reportó la semana pasada, El Nuevo Día.

Esa realidad, supone que transacciones como el acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que descansaba en recobrar dinero de los municipios ya no son factibles. Ello, a su vez, rebotará en decenas de cooperativas de ahorro y crédito, en aseguradoras que ahora tendrán que responder por las pérdidas ocasionadas por el huracán María y en empresarios locales que poseen bonos del BGF y otros créditos gubernamentales.

Lo mismo sucederá con los fondos mutuos locales, que ya habían reducido o suspendido el pago de dividendos a ahorristas locales. Esto, una vez se suspendieron los pagos de Cofina o los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Sobre 100,000 hogares destruidos

La semana pasada, Moody’s indicó que las pérdidas asociadas al huracán María podían oscilar entre $45,000 y $90,000 millones, aunque la firma no precisó de dónde sacaba sus estimados.

Según la casa acreditadora, el poder destructor del ciclón podrá resultar en un éxodo masivo de más puertorriqueños de la isla, pero también podría resultar en fuertes inyecciones económicas que hasta la fecha no se había experimentado como resultado de la crisis fiscal.

Lo que parece indisputable, según Moody’s, es que el huracán dejó a Puerto Rico a oscuras, “destruyó más de 100,000 hogares” y afectó otra infraestructura pública y en ese contexto, el saldo del ciclón ha debilitado “la capacidad de Puerto Rico de repagar a sus acreedores”.


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