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Expertos señalan que la pobreza, condiciones de salud mental y experiencias familiares muy difíciles a temprana edad llevan a menores a involucrarse en actividades criminales como el tráfico de drogas. (ARCHIVO)

Vienen de ambientes de extrema pobreza. Vivieron de pequeños experiencias que les hicieron crecer de prisa. Fueron maltratados o vejados. Tienen condiciones mentales o emocionales que no fueron atendidas. Dejaron la escuela. El crimen, la violencia, las drogas, no les fueron nunca fenómenos extraños.

Ese es, a grandes rasgos, el perfil del delincuente juvenil, según dijeron, apoyados en estudios, dos académicos que han trabajado con este fenómeno, el sociólogo César Rey, quien ha estudiado el tema para la Fundación Ricky Martin, y el profesor de trabajo social Víctor Iván García Toro, quien lleva décadas estudiando el vínculo entre la pobreza y el crimen.

Ambos creen que el fenómeno de los niños criminales constituye un reto de muy difícil manejo para las autoridades y para la sociedad, pero la solución empieza mirándolo en su contexto, de manera que se pueda ver de dónde surge y pueda trabajar con las causas y no solo con los síntomas.

“Si te enfocas en la acción y no en cómo ese niño llegó allí, estás actuando fuera de contexto y vas a hacer un análisis desastroso de las acciones del menor”, dijo García Toro, quien es profesor en la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

No es posible establecer una cifra fiable de la cantidad de menores que participan en actividades criminales como modo de vida, por la naturaleza oculta misma de los actos.

Pero hay fuertes indicios de que es un problema de suma gravedad.

Un censo publicado por la Policía el año pasado reveló que en la isla operan regularmente al menos 542 puntos de droga. Un informe de la Fundación Ricky Martin de 2014 estima que en el 80% de estos trabajan menores, algunos como empleados, pero otros como líderes.

En cada punto, dependiendo de la complejidad de sus operaciones, pueden trabajar desde cuatro a cinco personas, hasta 40 o 50. En la década pasada, se estimaba que las autoridades intervenían con un promedio de 17,000 menores al año por distintos delitos.

En ese tiempo, además, se estimaba que las intervenciones con menores superaban la tasa de intervenciones con adultos. Con menores, la tasa de intervenciones por delitos graves era de 2,257 por cada 100,000 habitantes, mientras que con adultos era de 1,857 por cada 100,000 habitantes, según el estudio “Del maltrato de menores a la delincuencia juvenil”, de la licenciada Paula Lebrón López.

Estudios hechos entre la población de instituciones juveniles revelan que el 98% eran desertores escolares y su escolaridad promedio es de 6.8 años.

UN PROBLEMA MUY COMPLEJO

Los que han estudiado este tema, como Rey y García Toro, sostienen que es un problema muy serio, que ni siquiera se comprende del todo.

“Es un problema muy serio, pero tiene una gran dificultad, que es la de accesarlo. Por la propia complejidad y sigilosidad con que se le trata en el sistema de justicia, pues es difícil de estudiar y de conocer y de comprenderlo más”, dijo García Toro.

García Toro sostiene que las razones que llevan a menores a involucrarse en actividades delictivas son sumamente complejas y necesitan estudiarse a fondo antes de llegar a conclusiones fáciles.

Muchos de los menores, dijo, tienen cuadros psicológicos y sociales sumamente complejos. Físicamente parecen hombres, pero la madurez y las actitudes son de niños. Tienen poca edad, pero han pasado por experiencias comparables a las de muchas vidas. “Ese es el concepto que llaman de vidas vividas”, dijo García Toro.

En algunos casos, se fuerzan a asumir desde bien temprano actitudes de adultos, que puede incluir tener pareja e hijos desde edades tan tempranas como los 13 y los 14 años, como manera de afirmar su masculinidad en ambientes sumamente hostiles.

García Toro recuerda que entrevistó a un niño que se unió al punto de drogas de su comunidad para ayudar a sostener a su madre, que era diabética, y como tal se le hacía imposible trabajar. “¿Qué me va a ofrecer usted que me pueda dar el dinero que yo me gano siendo mula para cuidar a mi mamá?”, le preguntó el joven a García Toro, según relató el estudioso.

“La pobreza es el efecto más nefasto que sufren los menores sobre su desarrollo y su potencial”, dijo García Toro, quien recordó que el 56% de los menores en Puerto Rico vive bajo niveles de pobreza.

Rey, un exsecretario de Educación, dijo que aunque los menores digan que trabajan para organizaciones criminales “de manera voluntaria”, el ordenamiento legal no le reconoce capacidad de consentir a ninguna persona menor de 18 años y, por lo tanto, se trata de explotación laboral.

Rey entiende por qué hay menores dispuestos a involucrarse en actividades criminales.

“Ellos dicen: ‘Prefiero vivir poco y bien, que mucho y mal’. Estas actividades son un estímulo frente a una escuela deficiente, con un currículo poco pertinente, que no tiene ambiente de identidad. Estos persuasivos pueden ser mucho más atractivos. Es la valoración de nuestra sociedad. Tú vales por lo que tienes”, dice Rey.

Para las autoridades es sumamente complejo manejar el asunto, porque los ambientes en que estos menores desarrollan sus actividades son de muy difícil acceso, por ejemplo, para los trabajadores sociales del programa de protección de menores del Departamento de la Familia (DF).

En teoría, puede ser penado un padre que no envíe a su hijo a la escuela. En la práctica, no hay cómo obligar a un padre delincuente o poner en la escuela a su hijo también delincuente.

García Toro sugirió que se establezcan protocolos comunes entre el DF, las escuelas, la Policía, y los departamentos de Salud y Justicia para tratar de identificar menores en riesgo y darles tratamientos integrales.


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