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Cuenta con 162 páginas de información detallada, pero un estudio que publicó el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) llega a una simple conclusión: pueden consolidarse decenas de municipios en uno solo, pero si no hay eficiencia en el uso de los recursos, lo que se conseguirá es agravar los problemas de los gobiernos municipales y afectar los servicios directos a la comunidad.

Entonces, ¿Por qué insistir en una consolidación que enfrentará, además, resistencia a nivel político, cultural y legal?

Es una pregunta formulada en varias ocasiones en este documento que revela los hallazgos del Estudio para Evaluar la Estructura Municipal que la Fundación del Colegio de CPA le encomendó a la compañía Estudios Técnicos, Inc., a raíz de los desafíos que la crisis fiscal del país le impone a los gobiernos municipales.

Una de las recomendaciones del estudio es aplazar la propuesta de unificar municipios y, en su lugar, hacer reformas graduales que incrementen la transparencia, disminuyan los costos operacionales y aumenten el desempeño de los municipios.

“Los escenarios desarrollados en este informe permiten establecer razonablemente que las iniciativas dirigidas a mejorar la eficiencia municipal podrían lograr ahorros potenciales de entre $142 millones bajo un supuesto sumamente conservador y $474.4 millones bajo criterios de eficiencia administrativa más exigentes", indica el documento.

Los municipios administran $3,938.3 millones en fondos públicos, cifra que incluye las fuentes municipales, estatales, federales y la emisión de deuda, menciona el informe.

En el estudio se estima que la consolidación de municipios debería producir $1.5 millones en ahorros por municipio unificado, por concepto de los costos asociados al la oficina del alcalde y de la Legislatura Municipal.

No obstante, advierte que “es improbable que la consolidación municipal por sí sola genere las eficiencias deseadas sin que previamente exista un sistema de métricas de desempeño, un marco institucional adecuado para proveer apoyo técnico y una supervisión de la gestión municipal".

Además, la ausencia de métricas y la falta de clasificaciones uniformes en la información presupuestaria y financiera municipal, impiden aproximados aceptables de los costos que generarían estos agrupamientos de municipios. Tampoco permite saber los costos asociados al traslado de servicios de un pueblo a otro.

“Se ha presentado la consolidación como inherentemente beneficiosa y se han perdido de vista los posibles efectos adversos de la medida a nivel socioeconómico”, advierte.

“No existen estimados que tomen en cuenta los efectos que tendría una consolidación de municipios para las poblaciones que perderían el enlace directo con su gobierno local en el proceso. Tampoco se han medido los costos de los posibles realojos ni los costos relacionados al proceso de consolidación como tal”, detalla el informe.

La falta de información precisa sobre datos fiscales municipales y la ausencia de métricas sobre los servicios que se ofrecen es una crítica recurrente de este estudio, no solo por los efectos que tiene al proceso democrático sino para la validación de estadísticas, la ratificación de programas, así como la ejecución y evaluación de proyectos.

De hecho, el estudio plantea esas deficiencias como factores que contribuyeron a limitar el cumplimiento de objetivos que perseguía la Ley de Municipios Autónomos.

“Puerto Rico actualmente carece de métricas y estándares necesarios para objetivamente evaluar el éxito de la política de la municipalización en la isla”, menciona el estudio.

“Esta carencia, además de obstruir la actualización institucional y la gobernanza bajo el marco existente, también viciará cualquier arreglo institucional desarrollado por medio de la regionalización, la consolidación o una combinación de ambas. Al no contar con datos concretos concernientes al desempeño en la provisión de servicios, una nueva estructura burocrática tendría muchas de las mismas fallas del sistema actual”, menciona el informe.

El exalcalde de Vega Baja, Luis Meléndez Cano, quien trabajó para la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos en el 1991, coincidió con los señalamientos del estudio.

Meléndez Cano opinó que la consolidación de los municipios no traería por sí sola las eficiencias que se requiere para conseguir los ahorros y controles fiscales que se necesitan en los gobiernos municipales.

El exalcalde popular señaló que es un error eliminar la figura del alcalde que realiza una función de política pública importante.

algunas ideas

Entre las recomendaciones que hace el estudio está la de establecer uniformidad en los estados financieros de los municipios en la forma en que reportan sus ingresos, gastos y deudas, así como entre los componentes de las dependencias o departamentos del gobierno municipal. Esta mera gestión facilitaría métricas para la comparación entre municipios sobre volumen de servicios, la productividad y calidad del servicio que ofrecen los municipios.

Aunque no favorece la consolidación de municipios, en este estudio sobre la estructura municipal se recomienda que se establezcan consorcios para fusionar gestiones administrativas. Esta medida debería hacerse compulsoria a aquellos municipios vulnerables conforme a criterios de población, sociales, fiscales y municipales.

Aunque reconoce que en la isla han fracasado muchos consorcios municipales, los investigadores atribuyen el revés a la debilidad de su estructura por lo que entiende necesario buscar mecanismo legales “que provean la estabilidad de los acuerdos”.

Meléndez Cano señaló que los consorcios han fracasado por el carácter partidista y de egos personales que algunos alcaldes permiten influyan en estas estructuras administrativas.

“Tiene que haber legislación sobre los consorcios que permita que las gestiones que encaminan trasciendan los cuatro años de administración de los alcaldes, que la administración se haga bajo criterios profesionales y no políticos”, dijo el retirado alcalde.

Para llegar a la eficiencia municipal y a los ahorros que se persiguen, el estudio recomienda la creación de una figura que se encargue de la supervisión fiscal de los municipios sin que esto signifique una movida a la centralización de funciones por parte del estado.

Sí promueve la limitación de la autonomía fiscal en aquellos municipios que la han empleado de manera inadecuada. De manera que la distribución de fondos estatales estén condicionados al desempeño fiscal del municipio y a la eficiencia demostrada en la prestación de servicios.

Esta entidad tendría facultades para reducir transferencias estatales, establecer planes fiscales, instituir reservas de ahorro a municipios con fragilidad fiscal e incluso llegar a controlar el proceso de planificación, presupuesto y gasto en aquellos municipios que no ejecuten el plan fiscal según recomendado.

“Es bien importante ese control para evitar algunos disparates de los alcaldes. Antes esa función la ejercía el Banco Gubernamental (de Fomento). El Banco era un freno para los alcaldes y evitaba estos disparates de ahora pero el Banco se politizó brutalmente”, dijo Meléndez Cano, quien es un defensor de la descentralización. “Debe haber una entidad que mantenga un control y los alcaldes no puedan hacer proyectos para los que no tienen fondos o que terminen con un proyecto que triplicó su costo estimado original”, agregó.

El estudio encomendado por la Fundación de los CPA advierte, además, que un cambio dramático en la forma en que la isla está organizada en municipios enfrentará oposición.

“Estratégicamente, asumir de primera instancia una postura que busque consolidar municipios puede obstruir cualquier tipo de reforma, ya que al intentar cambios demasiados drásticos al marco institucional podría surgir un impasse que postergue el establecimiento de unas reformas menos drásticas pero cumulativamente más beneficiosas”. añade.


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