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Jesús Rodríguez Rosa asumió la jefatura de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hace unas dos semanas. ([email protected])

Es consciente de que una amenaza de muerte acecha a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) luego que la Junta de Supervisión Fiscal recomendó privatizar la corporación pública como una medida para allegarle ingresos nuevos al Gobierno en medio de la crisis.

Pero el nuevo administrador Jesús Rodríguez Rosa confía en que los remedios que se propone adelantar inyectarán un suero de vida a la alicaída corporación pública, que espantará ese diagnóstico terminal.

A escasas dos semanas de asumir la jefatura de la CFSE, Rodríguez Rosa se encuentra en la etapa de elaborar una radiografía de la dependencia gubernamental, que espera completar en las próximas dos a tres semanas.

Sentado en una mesa atestada de informes y de papeles, Rodríguez Rosa explicó a El Nuevo Día que con los datos recopilados al momento identificó las áreas de servicios médicos y de las primas patronales como dos “oportunidades” para mejorar, de un lado, la percepción de ineficiencia que plaga a la entidad gubernamental, y del otro, rehabilitar los ingresos de la corporación pública, que por primera vez en su historia podría terminar este año fiscal con un déficit operacional de $37 millones.

Como parte de esta prescripción, también planifica examinar la cartera de inversiones de la CFSE, que adelgazó significativamente en los pasados cuatro años, para restituir su salud financiera.

“Nosotros establecimos que nuestra visión en esta corporación va a ser una de compromiso con la salud de los trabajadores y está recogido en el Plan para Puerto Rico, un compromiso con la salud, en nuestro caso con todos los trabajadores puertorriqueños, sean públicos o privados”, afirmó.

Un servidor público por 32 años, Rodríguez Rosa apuesta a que esa experiencia le ayudará a realizar un diagnóstico correcto de la situación y a prescribir la medicina adeudada para que la corporación pública, que siempre lució un semblante sano, recupere su estado vigoroso.

“Voy a trabajar para que eso no ocurra”, afirmó sobre su posición en torno a la propuesta para privatizar la CFSE.

“No va a pasar. Yo espero que no. Vamos a trabajar para lograr el mejor servicio y que así lo vean nuestros ciudadanos”, agregó en otro momento.

Ese trabajo, indicó el funcionario, consistirá en mejorar los servicios que la corporación pública ofrece a los empleados con enfermedades o lesionados ocupacionales y en acortar el tiempo de espera para las citas médicas.

“Al ser un monopolio por ley, no necesariamente todo el mundo se ha dado a la tarea de buscar esas áreas de mejoramiento y de dar un servicio de excelencia, así que estamos mirando toda el área médica”, apuntó.

“Por alguna razón las personas tienen una queja constante, algo está en desfase. Estamos mirando por qué se espera tanto por una cita médica. Si el problema es que no hay suficientes especialistas, si hay que contratar más médicos internos o externos. Toda esa radiografía la estamos haciendo y hemos identificado áreas de oportunidades”, agregó.

Actualmente, la CFSE cuenta con 160 médicos unionados y 24 médicos gerenciales, que realizan tareas de supervisión, para atender sus nueve regiones y nueve dispensarios. El año fiscal pasado, la CFSE atendió a 96,552 pacientes.

Un paciente espera un promedio de 21 días por una cita médica, luego de su evaluación inicial. Pero además de la demora en la cita, una persona enferma puede pasar largas horas esperando por la evaluación inicial o su cita puede ser cancelada a última hora.

Para atender esta situación, Rodríguez Rosa emitió una orden para que los médicos gerenciales atiendan a los pacientes cuando se ausente un médico unionado o cuando ese galeno exceda la cuota de 25 pacientes al día.

El convenio colectivo estipula que un médico unionado solo atenderá 25 pacientes al día.

“Mi aspiración es que eso no tenga un límite, pero está regulado. Lo tenemos que conversar con la unión de médicos”, respondió sobre el interés de que se cambie el tope de pacientes.

Luego del asunto de la prestación de servicios, Rodríguez Rosa enfocará su atención en la captación de ingresos a través del cobro de las primas, que pagan los patronos para asegurar a sus empleados por enfermedades o lesiones ocupacionales.

El presupuesto de la CFSE se nutre del pago de estas primas, que para este año fiscal se estiman en $662 millones en ingresos. Casi la mitad del presupuesto, $333 millones, se destina al pago de nómina y costos relacionados de una plantilla de 3,068 empleados.

“Hay datos que están... Yo quiero saber cuántos patronos hay en Puerto Rico. Aquí no me lo han podido decir. ¿Para qué yo quiero saber eso? Para saber la captación en términos patronales y cuál es la evasión. Yo quiero saber cuántos patronos están pagando la prima porque es obligatoria por ley”, apuntaló.

Actualmente, la CFSE mantiene 110,000 pólizas: 70,000 son de patronos y 40,000 son domésticas.

El universo de asegurados, sin embargo, podría ser mayor. Según Rodríguez Rosa, en la Isla hay unos 50,000 patronos y unas 167,000 personas empleadas por cuenta propia.

Para atajar esa evasión, iniciará una campaña educativa para enfatizar en la inmunidad patronal, que ofrece ese seguro de riesgo laboral que ofrece la CFSE y que es obligatorio por disposición de ley.

Como parte de ese esfuerzo, planea obtener las bases de datos del Departamento de Hacienda y del Trabajo para entrelazarlas y enviar cartas a las personas o patronos que todavía no han adquirido su póliza.

Rodríguez Rosa dijo que la CFSE sirvió de colateral para que el Departamento deSalud tomara prestado $260 millones en la banca privada.

“Al final, el Fondo lo pagó completo. El Departamento de Salud nunca lo pagó”, indicó.

Además, la CFSE realiza aportaciones anuales, por disposición de ley, a otras agencias como la Comisión Industrial, los departamentos del Trabajo, de la Familia y la Administración de Servicios Médicos, que este año fiscal totalizarán unos $61 millones.

La cartera de inversiones de la CFSE también sufre de una dependencia severa de los activos gubernamentales.

En el 2016, esas inversiones ascendían a $1,057,156, pero en el 2012 alcanzaban $1,666,777.

“Son más de $600 millones menos en la cartera de inversiones, pero más aún de ese $1,057,000,000 un 44% de esa cartera comprometida con los activos del ELA”, subrayó el funcionario.

La cartera de inversiones está compuesta por $335 millones en pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos o Trans, un fondo de $12 millones congelado en el Banco Gubernamental de Fomento y una inversión en bonos de $121 millones, que ahora está valorada en $67 millones, entre otras inversiones.

“Lo importante de esto es que la efectividad real de esa cartera de inversiones, ese 44% que equivale a $448 millones, cuando tú restas estamos hablando de unos $590 millones”, apuntó Rodríguez Rosa.

Esta cifra de la reserva está por debajo del nivel recomendado de $815 millones que debe tener la CFSE y que asegura los beneficios que reciben los pacientes de la corporación pública.

“Una de nuestras misiones es levantar esa cartera de inversiones y colocarla al menos en los niveles de la reserva”, insistió Rodríguez Rosa.

“Nosotros tenemos que hacer que los ingresos sean mayores que los gastos y todos esos ahorros se van pasando a la cuenta de las inversiones”, agregó.

Esos ahorros para inyectar dinero a la reserva y evitar el déficit aseguró que se lograrán mejorando la captación en el cobro de las primas de seguros, realizando ajustes operacionales, que incluyen la reducción de contratos, empleados de confianza y limitando el pago de horas adicionales.

En torno a una posible revisión de los salarios en la corporación pública, que se ha distinguido por la paga jugosa, Rodríguez Rosa apuntó que esa época dorada “ya acabó”, porque con el paso del tiempo se han eliminado los aumentos automáticos que permitieron que un fotógrafo ganara $195,084 anuales hace unos seis años.

“Es un proyecto por $28,877,000, para aumentar el número de cuartos, de salas de operaciones, remodelar la unidad de quemados, que es la única en Puerto Rico y el Caribe”, comentó.

“El dato importante es que hicieron cambios de órdenes por 29%. En la industria eso está fuera de proporción”, añadió. El proyecto debía estar completado en julio, pero el contratista solicitó una extensión de tiempo.

“Nosotros estamos pidiendo que nos hagan un plan para disminuir ese tiempo”, aseguró.


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