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Rosselló encaminará medidas urgente para capitalizar los sistemas de retiro y espera ayuda de la JSF para extender la moratoria y logar acuerdos definitivos con los acreedores. ([email protected])

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Desde las 12:01 de la madrugada de hoy lunes, Ricardo Rosselló juró como undécimo gobernador de Puerto Rico junto a todo su gabinete ante la jueza del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

Lo hizo así para no perder tiempo y "arrancar" desde el primer día con su plan de trabajo, que busca atacar la complejidad contributiva, la poca agilidad en el otorgamiento de permisos, la falta de competitividad y el alto costo energético en la Isla. Para lograr su cometido, Rosselló -de entrada- tiene legislación y órdenes ejecutivas para, entre otras cosas, dar paso a una transformación del gobierno con la desaparición y fusión de agencias, una reforma contributiva, la delegación de funciones en el sector privado, capitalizar los sistemas de Retiro, una consulta de status entre la independencia y la estadidad, la flexibilización de leyes laborales y la privatización de la generación de la electricidad que hoy día recae sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

"Estos van a ser unos años de un gobierno que va a trabajar incansablemente, sin compasión en atender los retos", aseguró.

Desde anoche, todo su gabinete estuvo inmerso en un taller para delinear cómo -en cada agencia- comenzar trabajos rápidamente. Por ende, la jura que se producirá hoy a las 10:00 a.m. en las escalinatas del lado norte del Capitolio es un acto simbólico que, según dijo, dará inicio a cuatro años de "alto reto e intensidad". "Hay algunas cosas que voy a hacer desde el primer día. En la medida que tenga más tiempo para poder hacerlas, pues en vez de que solamente sea celebración, la toma de posesión, es un día de trabajo", dijo no sin antes recordar que sus hermanos (Juan Oscar y Luis) estarán en la Isla para compartir el histórico momento.

En entrevista con El Nuevo Día, detalló cada una de las medidas a las que dará dirección y aseguró que trabajará de manera paralela con la crisis fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), iniciativas federales y capitalizar el gobierno y los sistemas de Retiro. "No hay de otra porque esta es la complejidad del asunto. Todas son separadas, pero todas están ligadas", dijo Rosselló, quien por ahora vivirá en La Fortaleza aunque una mudanza es posible en el cuatrienio para que ese espacio se convierta en museo o en centro protocolar para recibir dignatarios.

Ante la urgencia del tema, pedirá a la JSF, a cargo de las finanzas de la Isla, que extienda la Ley de Moratoria bajo el estatuto federal PROMESA. Está dispuesto a hacer un plan fiscal, pero el tiempo disponible "es irreal". La JSF espera un plan fiscal el 15 de enero. "Si tenemos esa extensión no hay la necesidad de tener el plan fiscal para el 15 (de enero). Creo que está en su mejor beneficio. Le conviene a la Junta, al Congreso y me da a mí el espacio para renegociar la deuda y tener una pista más amplia para trabajar y hasta negociar con los acreedores", indicó.

Para lidiar con la insolvencia fiscal que se proyecta en febrero, Rosselló buscará acceso a liquidez. "Se puede ir a los mercados, se pueden buscar áreas de capitalización rápida en Puerto Rico en servicios o en propiedades, áreas de impuesto existentes que no han sido monetizados", precisó.

"No hay activos en los Retiros. Tenemos que capitalizar el Sistema de Retiro. Hay varias alternativas. Una es entender que cada acceso a liquidez -ya bien sea por financiamiento interino o venta y alquiler de activos- parte de ese capital, tiene que ir al Sistema de Retiro. A mí me gustaría crear un tipo de fideicomiso de estructuras del gobierno que se puedan alquilar, algunas vender. Hay 16 millones de pies cuadrados", abundó.

Asimismo, la reforma contributiva que propondrá pretende bajar tasas y aumentar la captación del Impuesto sobre las Ventas y el Uso. "Queremos llevar esa captación a un 85%. Eso representaría $630 millones adicionales", precisó el gobernador.

Precisamente, en Washington abogará para que se incluya la Isla en la proyectada reforma de salud, que significa menos dinero para los estados. Pero Rosselló apuesta a que, de Puerto Rico lograr paridad, significará más dinero para inyectarlo al plan de salud del gobierno, que en el 2018 pierde los fondos federales. Esto se complementaría con una reducción en gastos administrativos en el Departamento de Salud. "Es el mismo Congreso republicano que nos puso la JSF y que si damos unos pasos, cambios en el gobierno, es responsabilidad de ellos también actuar", afirmó el gobernador preguntado si confía en una acción positiva del Congreso republicano.

Otra de las medidas a radicarse de inmediato es la que enmienda la Ley de las Alianzas Público Privadas. Se llamarán Alianzas Público Privadas Participativas y parte del dinero producto de esta iniciativa irá destinado también a inyectarle dinero a los Sistemas de Retiro. Las alianzas tendrán participación de empresas de Estados Unidos y de Puerto Rico. "Ahora mismo como está establecido (en ley) es que las empresas no pueden solicitar hacer alianzas. Vamos a dejar las dos vías abiertas: que lo solicite el gobierno o una empresa", explicó.

¿Cómo evitar los conflictos de interés, el pay by play e incluso que compañías cercanasa usted como Ana G. Méndez sean beneficiadas?, cuestionó este diario. "Transparencia y claridad. Jamás haría eso (favorecer una compañía). El que lo obtenga, que lo gane y los elementos queden claro ante el pueblo de Puerto Rico", respondió.

El proyecto para dar paso al empleador único será otra de las medidas a presentarse de inmediato. Permitirá que empleados del gobierno puedan ser movidos entre agencias y áreas en las que se necesiten. "He llegado a esta solución porque es la alternativa que veo para proteger el empleo del servidor público", aseveró al tiempo que aseguró que no habrán despidos.

Aclaró que hay empleados del gobierno que estarán exentos de esta práctica por el tipo de trabajo que realizan. Ahí entran los maestros, los policías y personal especializado. "Al maestro no se le va a requerir que sea otra cosa que no sea ser maestro. Si un maestro opta por otra cosa, fenómeno", aseveró.

El 70% de los empleos gubernamentales se centra en tareas administrativas, secretariales y clericales. Sobre estos es que puede implementarse el concepto de empleador único, pero tomando en consideración la preferencia del empleado, dijo Rosselló, No obstante, el gobierno tiene "la última palabra".

"A veces la gente piensa que esto va en contra de los convenios. No es así. Aquellos derechos que están establecidos, pueden permanecer", sostuvo al tiempo que aclaró que un empleado pudiese pasar a la empresa privada si el servicio que ofrece pasa al tercer sector. Esos empleados pudieran salir del Sistema de Retiro, reconoció.

Tampoco se descarta que como parte de la revisión a las leyes laborales haya reducción de beneficios. Todo depende de la situación fiscal del País. "Nada está descartado porque estamos en el punto de evaluar el fondo y cuánto impacto puedan tener estas medidas para el desarrollo económico", dijo.

Otra medida sobre el recurso humano es la que establece igual paga entre los empleados gubernamentales. Rosselló busca que el salario de un empleado y una empleada sea igual. Pese a la crisis fiscal aseguró que "no se va a tener que reducir el salario de nadie. Ya se está haciendo el trabajo y es asegurarse que todo esté categorizado".

También, de inmediato, se creará el Distribution Marketing Organization (DMO), que dará paso a la marca de Puerto Rico en lo que concierne al Turismo con la cartera de esa agencia. "El dinero será colocado en "las manos de una institución sin fines de lucro que va a ser manejada por los actores principales de esa industria", dijo.

Igualmente, dará vida al Enterprise Puerto Rico, un análogo al DMO. "Para que se pueda trabajar con las industrias, traerlas a Puerto Rico y permitir que se desarrollen", afirmó el gobernador.

Rechazó que esté aumentando el aparato gubernamental. "Muchas de estas oficinas estarían adscritas a Fortaleza. Por ejemplo, el Puerto Rico Innovation Technology Service, el Centro de Oportunidades Federales", dijo.

Además, recordó que mientras surgen estas nuevas caras en el Gobierno, otras desaparecerán o se fusionarán. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad albergará la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Sistema de Emergencias 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos, el Centro de Servicios al Conductor, Ciencias Forenses y la Policía. "Ese proyecto va a tomar un poco más de tiempo, por el tamaño. Cambios en el gobierno se van a ver en el primer año, pero reestructurado (total), he estimado que en cuatro a cinco años vamos a tener ese andamiaje", precisó.

El mapa de los pasos requeridos para reducir el gobierno está trazado, pero no se ha definido cuáles agencias desaparecerán, dijo. Esto, continuó el gobernador, estará más claro cuando se identifique qué servicios serán delegados. Para ello, se creará en estos días la Oficina para el Tercer Sector, que se hará cargo de algunos de los servicios que hoy día ofrece el gobierno con poca eficiencia. Previamente, se identificaron 340 servicios que pueden pasar a las organizaciones sin fines de lucro.

A modo de ejemplo, Rosselló dijo que el programa federal Welfare to Work que permite la transición de personas sin recursos a la fuerza trabajadora del País es un buen candidato a ser manejado por organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, ese programa descansa en manos del gobierno en seis regiones y una región es administrada por una organización sin fines de lucro. "Esa no tan solo es la más efectiva sino que cumple con los requisitos federales, uno de ellos que 30% de las personas que entren al empleo, un 20% se mantenga", destacó.

Con miras a ser más eficientes, es que también Rosselló dejará en el sector privado la generación de electricidad, que hoy día está a cargo de la AEE. "Se crearía algún tipo de alianza público privada, concesión, power purshasing agreement (compra de energía)... hay distintos mecanismos. Lo importante es que salga a las manos de un sector que lo pueda hacer a un costo más barato y a mayor eficiencia", destacó.

La desaparecida Oficina de Inspector General resurgirá en estos días -también mediante ley- pero con un nutrido grupo de auditores que deberá detectar la corrupción "de inmediato".

La emigración masiva de médicos será atajada con otro proyecto denominado Ley de incentivos contributivos para los médicos.


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