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La Oficina de Etica Gubernamental le dio el visto a las contrataciones de Fortuño tras salir de la gobernación. (Gerald López Cepero)

FAJARDO - El exgobernador Luis Fortuño no se considera parte del grupo de gobernantes responsables de la crisis financiera que enfrenta el gobierno y, por ende, la economía de todo el país.

En 20 años, ¿los historiadores dirán que su periodo de cuatro años en la gobernación no influyó en la situación en que estamos ahora?

“Por primera vez en 27 años mejoró el crédito de Puerto Rico, según Standard & Poors. ¿Negativamente? Por su puesto que no, eso lo dicen las casas acreditadoras. Aquí hay unas personas que han querido reinterpretar la opinión de los expertos financieros", dijo Fortuño esta tarde en un aparte con la prensa en medio de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el hotel El Conquistador. Allí, Fortuño insisitó en que durante sus cuatro años de gobierno (2009-2012) se ejecutó la política fiscal correcta, el crédito mejoró e igualmente la economía.

Según afirmó, si se hubiera mantenido su política fiscal de gobierno pequeño y reducción de gasto, nunca el Congreso hubiera impuesto una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que es el escenario actual.

“Con solamente haber seguido la política fiscal que llevábamos, no había que recortar más, era no gastar más y todo esto que está sucediendo no hubiese ocurrido, no habría JSF”, dijo el también excomisionado residente. “Desgraciadamente la política fiscal cambió y el resultado es el que tenemos. Las casas evaluadoras de crédito lo dijeron en aquel momento”.

A preguntas, no quiso opinar sobre la posición del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares de retar a la JSF en torno a la imposición de la reducción de jornada laboral. Según dijo, no comentó sobre acciones de su sucesor cuando gobernó Alejandro García Padilla y no lo hará ahora.   

“Ese no es el rol de un exgobernador”, dijo Fortuño, quien sin embargo no se ha alejado completamente del quehacer político en la isla ya que en Washington D.C.  ha mantenido contratos con bufetes que tienen algún tipo de relación con la isla o la tuvieron cuando fue gobernador. También forma parte de la junta de la compañía Albertis, codueño de la empresa Metropistas, que administra dos peajes en Puerto Rico privatizados durante su mandato.

La Oficina de Etica Gubernamental le dio el visto a las contrataciones de Fortuño tras salir de la gobernación. 

Fortuño señaló que la reducción de jornada es “peor” que el plan de despido de empleados públicos que implementó durante su administración. En total fueron cerca de 30,000 individuos que perdieron su trabajo, ya fueran despedidos o por la vía de la no renovación de sus contratos.

“Diría que es peor porque afecta al 100% de los empleados.  ¿A cuántas personas les sobra 10% o 15% del salario todos los meses?”, se cuestionó.

¿Qué hubiera hecho (ante una imposición de reducción de jornada)?, se le preguntó.

“Es que no hubiera habido junta. No era necesario. El crédito se estaba fortaleciendo”, respondió.

Fortuño abundó que no se arrepiente de haber ejecutado los despidos a través de la Ley 7 y nuevamente insistió en que “en los últimos 10 años”, el único periodo de crecimiento económico ocurrió durante su gobernación.

“Hicimos lo correcto”, dijo. “Me da pena que se haya cambiado la política fiscal”.

Fortuño fue nombrado y confirmado a la Comisión de la Igualdad, un grupo de siete “cabilderos” que tiene la encomienda de abogar por la estadidad para Puerto Rico. Según dijo, la situación económica actual y la deuda con los bonistas no deben afectar las posibilidades de que la isla se convierta en estado federado. A su juicio -y el de muchos estadistas- la aspiración de la estadidad para el PNP es un asunto de “derechos civiles” que poco o nada tienen que ver con asuntos económicos o fiscales.

“Las políticas fiscales incorrectas se corrigen. Es una pena que haya que corregir, pero se corrige. Mi deseo y mi esperanza es que las políticas fiscales correctas se implementen para que se elimine la Junta lo antes posible y haya crecimiento en la isla”, dijo.

A usted se le atribuye parte de la deuda emitida y parte de la responsabilidad de la crisis, se le indicó.

“Las casas acreditadoras han dicho lo contrario”, respondió.

A Fortuño se le atribuye haber colocado en precario las finanzas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) al emitir deuda sin capacidad de repago. La ACT se quedó sin los ingresos de los peajes del Expreso de Diego (PR-22) y la PR-5 con su privatización. 

“La cantidad de deuda (de la ACT) era la misma el día que entré y el día que salí (creció poco más de 1%). Se le debía a dos bancos comerciales y los bancos comerciales no quisieron renegociar y tuvimos que tomar bonos”, dijo Fortuño.

“Si tú debes tu tarjeta, tu carro y le debes a alguien más y lo empaquetas en una hipoteca no es deuda nueva”, insistió.


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