(vertical-x1)

La implementación de la Ley del Empleador Único, que se aprobó hace seis meses y que es una de las piezas clave para que el gobierno logre los ahorros estimados en el Plan Fiscal, inicia hoy viernes, cuando se emita la primera noficación de traslados de empleados de una agencia a otra.

Hasta el momento, los trabajos se han concentrado en crear el reglamento. Mientras, los Planes de Movilidad, un elemento esencial para la transferencia de personal entre agencias, no estarán listos para febrero del 2018, como ordena la ley, reconoció Carlos Saavedra Gutiérrez, secretario del Trabajo y Recursos Humanos y gerente de la iniciativa del empleador único.

El saldo del estatuto, hasta ahora, es el movimiento de 100 empleados al Departamento de Hacienda, cuya notificación oficial saldrá hoy, anticipó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Los cambios se tramitarán inicialmente como destaques y no como transferencias debido a que no está completo todo el andamiaje burocrático que requiere esta iniciativa, que figura como una de las propuestas del gobierno.

“Es una necesidad en Hacienda que se establece con el Plan Fiscal. Eso comienza mañana”, dijo Rosselló Nevares en una entrevista con El Nuevo Día.

Saavedra Gutiérrez precisó, en una entrevista telefónica separada, que los trabajadores que se trasladarán a Hacienda deberán comenzar a principios de septiembre.

“En el caso de Hacienda, estamos haciendo los movimientos por destaques en lo que se termina el proceso de Plan de Clasificación Uniforme. Ahora mismo eso se está haciendo”, dijo.

Pocos los voluntarios

La mayoría de los movimientos a Hacienda se harán usando el registro voluntario de movilidad de empleados. Esa es la lista en la cual los servidores públicos indican su disponibilidad para que los transfieran a otras agencias. La convocatoria de voluntarios se dio el 5 de julio. Mes y medio después, solo alrededor de 150 personas habían levantado la mano, según cifras provistas por el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Según el Plan Fiscal certificado, el gobierno central tiene más de 115,000 empleados públicos.

El proceso también sufriría ciertos “atrasos” por las fusiones de agencias que se han propuesto, lo que impide conocer al detalle las necesidades y el exceso de recursos humanos.

Actualmente, la Legislatura pondera la consolidación de las agencias bajo la sombrilla del Departamento de la Familia. Lo mismo se anticipa para las entidades que responden al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Por otro lado, ya se aprobó y está encaminada la fusión de siete agencias bajo el Departamento de Seguridad Pública.

“En el caso de la Policía, el Departamento de la Familia y DDEC, se tiene que terminar el proceso de consolidación (para completar el Plan de Movilidad)”, dijo Saavedra Gutiérrez.

“Creo que, para el gobierno, era fácil vender la idea (del empleador único), pero la implementación no ha sido tan fácil”, dijo Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.

El potencial de ahorro

En principio, la idea del empleador único buscaba frenar el reclutamiento de personal nuevo en el gobierno y acelerar la reducción natural de los recursos humanos. Por ejemplo, si un servidor público se retiraba y sus funciones se estimaban esenciales, no se contrataría a una nueva persona sino que se buscaría un empleado de otra agencia para sustituirlo.

El Plan Fiscal estima que, bajo este modelo, el número de empleados públicos disminuirá en 1,800 trabajadores anuales hasta el 2022, una reducción en nómina que rondaría los $48 millones anuales.

“El problema es que esta legislación indirectamente permite los despidos constructivos, que no es que el gobierno te despide, sino que te lleva a renunciar porque te quita beneficios o porque te pone a trabajar lejos”, objetó Maymi.

Esto fue rechazado por Saavendra Gutiérrez, quien aseguró que el lugar de residencia del empleado se toma en consideración.

El Plan de Clasificación

La Ley 8 de 2017, que crea el empleador único, también provee para que los funcionarios mantengan sus beneficios al ser transferidos de una entidad gubernamental a otra. Muchos de esos emolumentos ya fueron uniformados con la Ley 26, que busca poner en vigor el Plan Fiscal certificado.

Sin embargo, la expectativa es que, en la práctica, los cambios afecten a los empleados públicos.

“Todo esto puede ir en contradicción con los convenios colectivos. Digamos que yo soy oficinista en una agencia y trasladan allí a personal de otra agencia que tiene beneficios distintos y le aplican convenios distintos. Esto va a crear unos conflictos laborales intensos”, dijo Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinadora Sindical y del gremio Prosol Utier.

Prospectivamente, el Plan de Clasificación Uniforme lleva a que los servidores públicos de nuevo reclutamiento tengan compensaciones y tareas similares, sin importar el ente gubernamental en que laboren.

La jefa de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Nydza Irizarry Algarín, rehusó ofrecer información sobre estos procesos y refirió todas las preuntas a Saavedra Gutiérrez, designado por el gobernador como encargado principal del proyecto de empleador único.

El funcionario aseguró que, tanto la ley como el reglamento que entró recientemente en vigor, establecen salvaguardas para evitar los abusos contra los empleados del gobierno.

Pero, según Pedraza Leduc, algunas de esta salvaguardas fueron eliminadas o suavizadas con la aprobación, en abril, de una serie de enmiendas a la ley de empleador único que, entre otras cosas, permiten la movilidad de empleados entre el gobierno central y municipios, corporaciones públicas y entidades privadas con alianzas empresariales con el estado.

“Con una APP (alianza público-privada) pueden enviar a un empleado al sector privado. A través del empleador único, el gobierno podría tener ahorros. Pero eso es hacia el futuro, aunque el gobierno está estimando ya esos ahorros. Por eso es que la Junta (de Supervisión Fiscal) quiere la reducción de la jornada (laboral) porque los ahorros que el gobierno proyecta no cuadran”, dijo Pedraza Leduc.

Todas esas preocupaciones fueron expresadas ayer por un puñado de funcionarios con los que El Nuevo Día conversó sobre el tema del empleador único.

Homero Sugrañes Torres, empleado de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), por ejemplo, señaló que, aunque la idea de facilitar las transferencias no es mala, los procesos no están del todo claro para los servidores públicos. “Yo, personalmente, no sería voluntario a menos que sea porque estén cerrando la agencia”, dijo Sugrañes Torres.

En términos similares se expresaron Mary Ramos y María Matos, ambas empleadas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Ramos, en su caso, resaltó que no ha recibido información oficial alguna del proceso por parte de la agencia. Matos, entretanto, indicó que teme que la facilidad en la transferencia de personal permita la persecución contra empleados por motivos partidistas.


💬Ver 0 comentarios