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Los candidatos del Partido Nuevo Progresista que resultaron electos firmaron un documento en el que se comprometen con mantenerse alineados con las decisiones que tome la mayoría en el interior del partido. ( Archivo)

La penúltima página del Plan para Puerto Rico del electo gobernador Ricardo Rosselló Nevares blinda el documento de una armadura para proteger la ruta trazada. Se trata de un Compromiso, una especie de acuerdo que firmaron todos los candidatos a puestos electivos bajo la Palma.

A todos se les permite presentar sus propuestas y expresar con “absoluta libertad” sus opiniones, pero el documento dicta que una vez el asunto se discute y se resuelve por votación mayoritaria en el interior del Partido Nuevo Progresista (PNP), “ningún oficial podrá menoscabar públicamente o tratar de imponer su criterio personal por encima de la posición institucional que se haya adoptado”.

“Nosotros vamos a cumplir cabalmente con la agenda de nuestro gobernador, plasmada en el Plan para Puerto Rico. Ese compromiso es con el pueblo. Yo no soy como otros, yo siempre cumplo mis compromisos”, afirmó el nuevo presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

En el caso de los legisladores, ese acuerdo implica que, de obstruir cualquier proyecto de ley que pretenda adelantar el Plan, que es también el programa de gobierno del PNP, los senadores y representantes podrían enfrentar sanciones como la censura, la suspensión sumaria de sus cargos en el partido y el retiro de confianza.

A ese renglón, el ahora portavoz de la mayoría Gabriel Rodríguez Angleró, ni siquiera le prestó atención, dijo. No cree que surjan sanciones, ya que todos están “cónsonos” con el plan, lo defendieron en sus distritos y nadie presentó objeción en adelantar proyectos de ley que envíe Fortaleza amarrados a “cada línea” del Plan.

Surgió la pregunta una vez más de si esta medida se opone a la división constitucional de poderes entre las ramas de Gobierno, a lo que el representante aclaró que siempre está “la discreción para el legislador” de emitir su voto o alguna enmienda porque las medidas “no están escritas en piedra”. Sin embargo, defendió la cohesión de su partido, distanciándose de la Legislatura de Alejandro García Padilla, enmarcada en la improvisación y la reacción a la crisis, sin un plan de trabajo pensado a plenitud.

En estricto derecho constitucional, la separación de poderes implica que cuando un legislador electo vota solo tiene que seguir el dictado de su conciencia y el reclamo de sus constituyentes, de modo que el Ejecutivo no puede obligarlo a votar, explicó el catedrático en derecho constitucional Carlos Ramos González.

Sin embargo, en términos políticos, el panorama cambia, agregó. Cumplir con el Plan se ve como una obligación política del funcionario electo con su partido y, en efecto, puede enfrentar sanciones si rompe con ese pacto.

“Si alguno de ellos se desvía, eso no quiere decir que están sujetos a ser expulsados de la Asamblea Legislativa. No hay ninguna sanción oficial como legislador, pero el caucus (de su partido) podría decidir, por ejemplo, quitarle una portavocía, no citarlo a las reuniones de caucus, cuando vayan a la reelección, pueden poner eso en su acreditación. Son implicaciones en su trabajo político”, dijo el profesor de la Universidad Interamericana.

Esa total sincronía entre la Rama Ejecutiva y la Legislativa al punto a veces de aplastar las voces minoritarias, la instauró el Partido Popular en la época de Luis Muñoz Marín, cuando la unidad era total e incuestionable. Cuando las discrepancias con Roberto Sánchez Vilella fracturaron esa rígida unanimidad y arrancó el bipartidismo en 1968 con la victoria de Luis A. Ferré por el PNP, se quebró ese tipo de gobierno, lo cual trajo sus propias consecuencias.

“Por muchos años en Puerto Rico se hacía lo que se escribía en las plataformas, después nadie le hacía caso cuando llegaba al poder y eso evitaba que se adelantasen ciertos principios que se contrajeron con el pueblo. Comenzó la erosión que hoy en día tenemos con los partidos políticos”, comentó Ramos González.

En las últimas décadas, ha sido el PNP el que ha recuperado esa férrea disciplina de partido. Bajo los cuatrienios del exgobernador Pedro Rosselló, los compromisos programáticos pasaron a casi estar escritos en piedra como contratos inamovibles contraídos con el pueblo.

A pesar de que en principio ese cumplimiento de promesas de campaña podría ser vista con buenos ojos, el profesor señaló que esa rigidez también tiene sus peligros, pues evita que la gente dentro del partido se atreva a disentir, oculta la discusión interna y limita la actividad política que debe ajustarse a una realidad que cambia y a veces exige nuevas y mejoradas respuestas que modifican el programa.

“Si bien yo reconozco la libertad de asociación, desde la perspectiva de la sociedad y de la salud democrática, la disciplina férrea a un partido que controla las principales estructuras de gobierno se presta a exceso de concentración de poder que a su vez puede llevar al abuso y a la toma de decisiones incorrectas, y el país se priva de conocer la discrepancia de criterios sensatos que puede haber dentro de un mismo partido político”, concluyó el profesor.


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