(horizontal-x3)
(GFR Media/Archivo)

No debería ocurrir, pero ocurre. Algunos jueces y juezas ignoran o aplican de manera libre el reglamento para asignar abogados de oficio a las personas indigentes, y colocan sobre los hombros de un limitado grupo de abogados la pesada mochila de mantener el sistema de representación gratuita.

Para atender esa falta de proporcionalidad en las asignaciones, que por deber ético debe cumplir todo abogado, y regular -por primera vez- la designación de abogados de oficio en los procedimientos civiles, el Tribunal Supremo encomendó al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial la tarea de revisar el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, que data del 2008.

El Proyecto de Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, que el Secretariado divulgó en junio pasado como parte de una consulta pública para recibir comentarios, que se extiende hasta el 31 de agosto, adopta el concepto de las zonas judiciales como un mecanismo para aumentar la base de abogados y procurar una distribución uniforme y más equitativa de las designaciones de casos.

Como parte de los cambios propuestos, desaparece la selección manual para dar paso a un sistema automatizado, que enlazará la naturaleza del procedimiento, la complejidad y el historial de práctica del abogado  seleccionado.

La propuesta amplía la lista de exclusiones para dejar fuera del banco a los abogados de 70 años de edad y propone la presentación de una declaración anual para facilitar la actualización del registro.

No solo añade y automatiza trámites, el reglamento propuesto flexibiliza el proceso para asumir una representación legal de manera voluntaria e incluso permite el pago de honorarios de oficio.

Similar al reglamento vigente, la nueva normativa establece que todo abogado de oficio deberá ofrecer un mínimo de 30 horas de servicio gratuito (pro bono) cada año fiscal antes de recibir una compensación y mantiene los topes de los honorarios que se podrán reclamar. 

En entrevista con El Nuevo Día, el director administrativo auxiliar de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Alfonso Martínez Piovanetti, y la directora del Secretariado, Verónica Vélez Acevedo, explicaron que la propuesta persigue garantizar el acceso a la justicia y fomentar una cultura de trabajo pro bono enmarcada en el deber ético, que debe cumplir toda persona que ejerce el oficio de la abogacía.

Atiende la disposición constitucional que consigna el derecho de todo acusado “a tener asistencia de abogado”.

“La propuesta en todas sus vertientes busca cumplir con los tres pilares de la administración de la jueza presidenta Maite Oronoz que son: la eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia”, precisó el juez Martínez Piovanetti.

Esos principios asoman en la automatización y en la intención de publicar las listas en plataformas digitales contrario a la situación actual donde constituye una misión imposible acceder a los listados de abogados de oficio, que solo están disponibles en papel en las secretarías de los juzgados.

El reglamento propuesto también procura atender las quejas recurrentes de los abogados sobre el método dispar que se sigue para asignar los casos de oficio, según recoge la resolución del Supremo que inició la revisión. 

Por ejemplo, esa dificultad para examinar los listados y validar los turnos se suma a la forma arcaica en que asigna un abogado de oficio mediante selección manual propiciando -en ocasiones- que un juez recargue de trabajo a un litigante conocido o que se distingue por su desempeño en sala.

“El proyecto viene a atender el asunto que hay con el manejo de las listas. Se persigue que todo el sistema sea automatizado, desde el trámite que va a requerirse a los abogados de informar mediante una declaración anual qué tipo de práctica han llevado y si han ofrecido servicios de pro bono fuera del litigio”, apuntó Vélez Acevedo.

Abundando sobre el concepto de pro bono, señaló que bajo el reglamento propuesto un abogado no litigante que cumpla con el requerimiento de ofrecer 30 horas de servicio gratuito en instituciones autorizadas por la OAT podrá solicitar que se le excluya de la lista de abogados de oficio durante el siguiente año fiscal.

Dicha exclusión solo aplica a los abogados que se dedican a otra profesión u oficio no relacionado al derecho o que están jubilados y no ejercen la abogacía, ni la notaría.

“En ese sentido, abogados que no tengan contacto con el litigio van a tener un mecanismo para poder cumplir con el llamado de ofrecer servicios a la población menesterosa del país sin estar obligados a responder a una asignación de oficio bajo el reglamento”, resaltó Vélez Acevedo.

Para impulsar el trabajo pro bono, la propuesta bajo evaluación pública, que posteriormente será sometida con un informe para la aprobación del Tribunal Supremo, permitirá a un abogado reputar como asignación de oficio un caso penal o civil donde asumió voluntariamente la representación legal de un indigente. En ese contexto, el abogado quedaría eximido de su turno en la lista.

Las zonas judiciales

En la propuesta estrenan las zonas judiciales, que comprenden una demarcación geográfica más amplia que las actuales 13 regiones judiciales.

“Esta propuesta promueve la uniformidad entre las regiones judiciales porque ahora como la tecnología ha sido un poco disímil en la manera en que se ha aplicado en las regiones judiciales, hay unas listas que son digitales y otras manuales. Aquí se busca centralizar las listas y que el proceso sea transparente y uniforme en la selección de abogados y abogadas”, insistió Martínez Piovanetti.

Según el juez, muchos abogados que residen en regiones pequeñas han planteado que ha habido una distribución desproporcionada en las asignaciones de oficio en regiones como Guayama y Utuado que cuentan con menos abogados que las regiones de San Juan y Bayamón.

Por eso la reorganización de las zonas intenta aumentar el número de abogados disponibles para atender casos de oficio.

“Lo que persiguen es que haya una mejor distribución entre la cuantía de casos y la cuantía de abogados y abogadas que están disponibles para atender estos casos”, precisó Martínez Piovanetti.

Los casos civiles

Como elemento “novedoso”, el proyecto de reglamento propone regular los casos civiles, un proceso que al momento se realiza de manera informal.

A tenor con esta regulación, se podrá asignar un abogado de oficio a las personas indigentes que enfrentan la amenaza de perder la vivienda o el sustento, encaran atentados contra su salud, seguridad o se encuentran en riesgo de perder la custodia de sus hijos, entre otras necesidades fundamentales que define el nuevo reglamento.

Un juez también podrá asignar un defensor judicial en los casos de menores o de una persona incapacitada; así como un abogado asesor en las instancias donde un indigente se represente por derecho propio.

En los casos civiles, el juez determinará el requisito de indigencia, pero en los procedimientos criminales la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) continuará evaluando los casos en la vista de conferencia. Igual que ocurre ahora, el juez asignará un abogado de oficio cuando la SAL no pueda asumir la representación legal de una persona de escasos recursos debido a algún conflicto.

La decisión de revisar el reglamento de los abogados de oficio y extender su alcance a los procedimientos civiles recibió el espaldarazo de Mariluz Jiménez Colón, directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos González.

Hablando específicamente de los casos civiles, Jiménez Colón resaltó el paso de avance que constituye la iniciativa en un proceso plagado por la falta de uniformidad, sin una lista base y donde todavía se hace -en algunos casos- de “forma artesanal” utilizando una caja de zapatos e index cards.

“El desbalance de poderes en los casos judiciales tiene un efecto. Perder la casa tiene efectos sobre la persona, pero también sobre el Estado, que tiene entrar a suplir las necesidades de esa familia. Hay un efecto dominó, sin hablar del derecho humano a la dignidad”, afirmó Jiménez Colón, quien se reunió con la jueza presidenta del Supremo hace varios meses para impulsar la idea de incluir los casos civiles en el nuevo reglamento.

Ramos González describió la inclusión de la llamada justicia civil como un gran acierto.

“Existe un derecho constitucional a asistencia legal en casos criminales. El Estado no puede evadir esta responsabilidad. Pero estederecho no es de estirpe constitucional en casos de naturaleza civil. Establecer un mecanismo de asistencia legal de oficio para ciertos asuntos civiles merece todo mi respaldo y encomio”, precisó el catedrático.

Esta propuesta conserva el sistema de compensaciones del reglamento vigente, que se subvenciona con los ingresos que genera el cobro de los sellos de suspensión de los casos civiles y de la Ley de Aranceles del 2009.

Luego de cumplir con las 30 horas de pro bono, un abogado podrá facturar $30 la hora por el tiempo dedicado a la investigación y $60 la hora por el tiempo invertido en sala y en escritos. Pero existe un límite por año fiscal de $1,500 en procedimientos penales de naturaleza menos grave, $3,500 en procesos penales que involucran delitos graves y $2,500 en casos civiles.

En situaciones excepcionales, el abogado podría solicitar el pago de honorarios en exceso de los límites establecidos.

Esta cifra contrasta con el pago que reciben los abogados que forman parte del panel federal creado al amparo del Criminal Justice Act, que cuenta con una plantilla de unos 80 litigantes para atender a acusados indigentes. El panel asigna los casos de manera aleatoria, mientras un abogado factura $129 por hora. No asigna abogados para procesos civiles.

Las exclusiones

La propuesta de reglamento mantiene algunas exclusiones viejas. No aplica a los abogados que sean miembros de los comités asesores permanentes o ad hoc del Tribunal Supremo, de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía u otros comités de la curia. Tampoco cobija a abogados que ocupan cargos públicos.

Pero el proyecto de reglamento creó categorías nuevas de exclusión como tener 70 años, que es la edad del retiro obligatorio de los jueces.

Como parte de análisis para elaborar la propuesta, el Secretariado evaluó otras jurisdicciones. Esa exclusión por edad, según Vélez Acevedo se observó en Nevada, Tennessee, Rhode Island, Misisipi y Wisconsin para darle un trato particular a la clase togada después de cierta edad. 

“Esta causa de exclusión no se propuso para beneficiar a los jueces jubilados o a las juezas jubiladas del Tribunal Supremo. De aprobarse esta propuesta del Reglamento, la causa de exclusión por edad podría estar disponible a alrededor de 1,900 abogados y abogadas, según la información obtenida del Registro Único de Abogados y Abogadas”, afirmó.

En ese sentido, apuntó que como parte de la consulta pública podría surgir una propuesta acoger, descartar o modificar la recomendación.

Esa exclusión automática por edad llamó la atención Ramos González, Jiménez Colón y del exjuez Harry Massanet Pastrana, quienes no encontraron justificación para esa disposición que instaura una presunción de incapacidad por edad para cumplir con el deber ético de atender casos de oficio.

Massanet Pastrana, quien ahora como abogado de la práctica privada se encuentra en el listado de oficio, planteó que esa exclusión parecía dirigida a favorecer a los exjueces del Supremo, algunos de los cuales han iniciado prácticas privadas exitosas poco después de acogerse a un holgado retiro.

Apuntó que durante sus años como juez en el Tribunal de San Juan no vio a exjueces del Supremo atendiendo casos de oficio.

Pero recordó haberle asignado casos de disposición rápida al exjuez Francisco Rebollo López y a sus estudiantes de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR.

La OAT, sin embargo, confirmó que el ex juez asociado Rafael Alonso Alonso y los ex jueces presidentes José Andreu García, Liana Fiol Matta y Federico Hernández Denton se encuentran en la lista de abogados de oficio de la región de San Juan.

Jiménez Colón tampoco favoreció la exclusión por edad. Indicó que los exjueces del Supremo, por su experiencia y peritaje, podían servir de asesores a los estudiantes de derecho y de modelos para promover una cultura de pro bono.

“En el pasado he criticado la disposición constitucional que obliga el retiro voluntario de jueces y juezas a los 70 años. La exclusión que señalo perpetúa este anacronismo. Peor aún: lo hace creando una excepción injustificada e irrefutable a la ética profesional en detrimento de los más necesitados”, concluyó Ramos González.


💬Ver 0 comentarios