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Reingeniería que ponga fin al caos del gobierno

El abandono de instalaciones escolares desocupadas y el hecho de que el gobierno carece de un inventario confiable que facilite dar nuevos usos útiles a esas estructuras, reiteran la necesidad de atender con diligencia el desorden que impera en la organización gubernamental puertorriqueña.

Superar ineficiencias crasas, como la que ha desembocado en el descuido de muchos de los edificios escolares clausurados, es requisito para acometer con éxito la agenda amplia de reconstrucción que Puerto Rico tiene de frente.

Del olvido y la negligencia hacia las otrora instalaciones de enseñanza, el Departamento de Educación no es el único responsable. Una vez se vacían, unos planteles pasan de esta agencia al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y otros a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Este pase de batón insensato que opera como un agujero espacial es una de las áreas que requieren revisión, como parte de la reestructuración del aparato público.

Como están las cosas, ante la limitación de fondos para mantenimiento, la falta de diligencia administrativa y hasta la negligencia, muchas de las instalaciones escolares quedan en el abandono, sin prospecto de reúso.

En lo que concierne a Educación, confiamos en que, como prometido, la secretaria Julia Keleher lleve a cabo una reforma que ponga fin a la desorganización en el organismo escolar, que tiene entre sus lamentables manifestaciones el estado decrépito de muchos planteles a los que se les puso candado.

Para ello, como la propia funcionaria ha expresado acertadamente, es preciso contar con índices de contabilidad confiables sobre los distintos componentes e indicadores relativos al sistema. El inventario de edificios con titularidad gubernamental es un renglón básico.

El desorden con las instalaciones escolares es tal que el gobierno no sabe cuáles han sido arrendadas, vendidas o traspasadas a entidades privadas o individuos, ni cuáles están en manos de municipios u otras entidades gubernamentales.

Esta precariedad informativa demuestra la ausencia de un plan integral eficiente para la disposición adecuada de los recursos públicos.

La situación tiene que ser corregida como garantía de que el cierre de una escuela, que para muchas comunidades significa despedirse forzosa y dolorosamente de una institución importante en su entorno, dé paso a un nuevo uso que beneficie a los vecinos.

Desde el 2007, debido a la significativa y aún creciente baja en la matrícula escolar, Educación inició el cierre de escuelas que constituían un gasto injustificable.

Muchas de esas estructuras abandonadas se han convertido en estorbos públicos, “hogares” insalubres para personas enfermas o sin techo, y hasta escenarios para fechorías. En fin, en una seria amenaza para la salud y seguridad pública de las comunidades.

Precisamente, una queja general en los vecindarios es que el gobierno no les proporciona la oportunidad adecuada para dar paso a otros posibles usos en las estructuras cerradas.

Además, por diversas razones que incluyen la difícil situación fiscal, muchos de los gobiernos municipales están impedidos de adquirir o dar mantenimiento y vigilancia a los edificios.

Hay, sin embargo, casos de éxitos. Ciertos gobiernos municipales y entidades privadas han desarrollado proyectos prometedores en los planteles cerrados. Confiamos en que los planes anunciados por el gobernador Ricardo Rosselló se traduzcan en los frutos prometidos.

Queda pendiente facilitarles el camino a las comunidades que se están organizando para establecer empresas comunitarias, centros de servicios y de actividad social y cultural.

El reúso atinado de los planteles desocupados tiene el gran potencial de servir de laboratorio para iniciativas que contribuyan a la reinvención y recuperación de Puerto Rico.

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